BUENOS AIRES.- Sin escuchar los argumentos, el Frente para la Victoria (FpV) impuso su número para rechazar todos los proyectos presentados en la comisión de Juicio Político, de la Cámara de Diputados de la Nación, contra el vicepresidente, Amado Boudou.

El cuerpo se reunió para tratar los ocho pedidos de la oposición para que Boudou comparezca en el Congreso, en relación con al procesamiento -dictado el viernes pasado- que dispuso el juez federal, Ariel Lijo, que lo acusa de “cohecho” y de participar en “negociaciones incompatibles con su función pública”, como ministro de Economía (2009-2011), por pretender adueñarse, por medios espurios, de la imprenta Ciccone Calcográfica.

Tal como lo había adelantado, el oficialismo rechazó in límine (de plano) los planteos realizados, en una discusión marcada por fuertes cruces y denuncias cruzadas.

Con el voto de los 17 diputados del Frente para la Victoria que integran la comisión -sobre un total de 31 miembros-, el cuerpo rechazó todos los pedidos de enjuiciamiento contra Boudou tras la lectura de un informe leído por la presidenta de ese cuerpo asesor, Adela Segarra.

La reunión comenzó a las 15:19, en una pequeña sala del edificio Anexo de Diputados. Esto generó una discusión entre oficialistas y opositores, porque el kirchnerismo pretendía, y así lo hizo, acomodar allí a los más de 30 legisladores, sus asesores, y los periodistas que cubrieron el debate.

En ese informe el FpV argumentó que la causa Ciccone “se esta tramitando” aún en la Justicia y que todavía “no hay sentencia” alguna contra el vicepresidente. El kirchnerismo también consideró que abrir un sumario “viola la división de poderes” y también apuntó contra los “linchamientos mediáticos”.

“Los proyectos de resolución tienen términos imprecisos y menciones difusas”, sostuvo el oficialismo. Aseguró que “la comisión de delitos no se encuentra probada”. También hizo especial hincapié en que, a su entender, “no existe motivo alguno para que este Congreso intervenga”. Y agregó que avanzar con ese proceso pondría a los diputados “entorpeciendo la investigación judicial, con un proceso paralelo”.

En este punto fue donde el FpV arriesgó que un eventual juicio político contra el titular del Senado resulta “violatorio del principio de división de poderes” porque puede “instalar una presión al magistrado (Ariel Lijo) lesionando su independencia e imparcialidad”.

Hasta ese momento todo sucedía con normalidad. De hecho, la oradora siguiente fue la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien avisó que llevaría a la Justicia, por encubrimiento, a los diputados que se opongan al juicio político. A las 16, por propuesta de Diana Conti, se adelantó la votación, sobre el documento que había leído Segarra. Así, el oficialismo desestimó in límine los planteos. (DyN-lanacion.com)